El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino, quien reside en España desde hace varios años y desarrolla su actividad en el ámbito de la inversión internacional, ha obtenido un fallo definitivo en el proceso que mantiene contra Manuel March Cencillo, nieto del fundador de Banca March, Juan March Ordinas. El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid decretó el embargo de la totalidad de los bienes del demandado por no haber cumplido con el pago al que fue condenado tras la frustrada venta de una propiedad histórica.
El caso gira en torno a la venta de la finca Son Galcerán, situada en Valldemossa. En 2021, March acordó su venta por 8 millones de euros a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino Casado, quien adelantó 2,4 millones en concepto de arras y anticipo. Sin embargo, el vendedor anuló el acuerdo y vendió la finca a un segundo comprador por una suma superior, sin reintegrar el adelanto recibido.
En abril de 2024, el juzgado condenó a March a devolver los 2,4 millones y a pagar otros 300.000 euros por daños y perjuicios. Dado que no efectuó el pago en el plazo legal, se activó un proceso de ejecución provisional. La jueza dictó el embargo de todas sus cuentas bancarias, inmuebles, inversiones y participaciones empresariales. La deuda total, considerando intereses y costas, supera ya los 3,5 millones de euros.
La finca Son Galcerán posee un fuerte valor histórico, ya que fue propiedad del archiduque Luis Salvador de Austria y albergó en su momento a la emperatriz Sissí durante sus visitas a la isla. En su fallo, la jueza indicó que no había justificación legal ni fáctica para la cancelación del contrato, y que la actuación de March respondió únicamente al interés de cerrar una operación más lucrativa.
Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, descendiente del rey Alfonso XIII y figura prominente dentro de la aristocracia española. Aunque este dato ha sido mencionado en diversas coberturas periodísticas, no ha tenido ninguna implicación en el desarrollo del proceso judicial.
Por otro lado, a comienzos de 2025, Francisco Javier D’Agostino Casado fue removido de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, luego de que se confirmara que sus operaciones empresariales no estaban relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro.
